Escribo esto con el recuerdo fresco de las pláticas de sobremesa en Puebla, donde el negocio familiar de confección textil se medía en metros de tela vendidos hoy y cobrados quién sabe cuándo. Por eso, cada vez que veo un comunicado corporativo celebrando la relocalización de cadenas de suministro hacia América Latina, se me activa el mismo reflejo condicionado: ir directo al balance de situación y a la infraestructura real.
La narrativa dominante nos vende una ecuación perfecta: las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China obligan a las multinacionales a acercar su producción, y México junto con la región son los ganadores naturales por proximidad geográfica. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que el potencial de ganancia por relocalización para América Latina podría superar los 70.000 millones de dólares en exportaciones adicionales. La cifra suena deslumbrante en los titulares. El problema aparece cuando bajamos la mirada a los parques industriales.
El primer gran filtro no es el costo de la mano de obra, sino la disponibilidad de insumos básicos: energía eléctrica constante y agua. Una planta ensambladora o proveedora de primer nivel puede levantar una nave industrial en doce meses, pero la infraestructura de transmisión eléctrica tarda años en desplegarse. En los principales corredores industriales de México y Centroamérica, la capacidad de las redes de distribución existentes se ha convertido en un cuello de botella estructural. Las multinacionales resuelven esto con contratos privados de autoabastecimiento; la pequeña y mediana empresa proveedora, no.
El segundo filtro es la integración nacional real. Los datos de comercio exterior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran de forma recurrente que el componente nacional en las exportaciones manufactureras mexicanas ha oscilado históricamente entre el 25% y el 30%. Es decir, gran parte de lo que exportamos sigue siendo material importado que solo pasa por procesos de ensamble local. Cambiar esa ecuación exige redes de proveedores locales capaces de cumplir con estrictas certificaciones internacionales de calidad y sostenibilidad ambiental.
Aquí es donde la trampa se cierra sobre la pyme. Las grandes empresas tractoras exigen estándares de primer mundo, pero imponen plazos de pago de 90 a 120 días. Para un taller de maquinado en Querétaro o una fábrica textil en Puebla, financiar cuatro meses de inventario y nómina no es una oportunidad automática de crecimiento: es un riesgo directo de quiebra. El crédito bancario al sector privado no financiero en América Latina se mantiene estructuralmente bajo en comparación con las economías desarrolladas, según registros del Banco de Pagos Internacionales (BPI).
El nearshoring no es una marea que vaya a levantar a todos los barcos por igual. Es un proceso de selección donde el capital intensivo y el acceso a financiamiento competitivo marcan la diferencia. Las multinacionales no buscan desarrollo regional; buscan mitigar riesgos logísticos al menor costo posible.
¿Qué significa esto para el empresario o director que evalúa subirse a esta ola? Que la estrategia no puede basarse en la euforia macroeconómica. Antes de invertir en capacidad instalada adicional, revise la letra chica: verifique la disponibilidad real de potencia eléctrica en su zona industrial, exija esquemas de factoraje para mitigar el plazo de cobro y calcule su costo de capital sin triunfalismos. La oportunidad existe, pero solo para quienes entienden que el volumen es vanidad y el flujo de caja es cordura. Para evaluar la evolución de la inversión extranjera y los datos de integración comercial, sugiero revisar los informes oficiales trimestrales de la Secretaría de Economía y del INEGI.
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