El 9 de septiembre de 2026 va a pasar algo que hasta hace pocos meses parecía impensable: El Salvador, el último país latinoamericano que todavía conserva una designación de Estatus de Protección Temporal (TPS) plenamente activa en Estados Unidos, llega a la fecha límite de su extensión más reciente. Cuando eso ocurra, ningún país de América Latina tendrá ya esa protección vigente sin estar atrapado en un litigio judicial.
No es un dato aislado. Es el cierre de un capítulo que empezó a escribirse el 25 de junio de 2026, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos falló en el caso Mullin vs. Doe a favor de que el gobierno pueda terminar designaciones de TPS, incluidas las de Haití y Siria. Esa decisión no eliminó automáticamente las protecciones para el resto de los países, pero les quitó a los jueces de tribunales inferiores buena parte del terreno legal que venían usando para frenar las cancelaciones.
El resultado, país por país, es un mapa que cambió por completo en menos de un año. Haití perdió su TPS el 27 de julio de 2026, dejando a más de 330.000 personas en riesgo de deportación. Somalia lo pierde el 14 de agosto. Venezuela y Ucrania llegan a su límite el 2 de octubre. Sudán está programado para el 19 de octubre. Etiopía y Myanmar ya habían caído meses antes, aunque con idas y vueltas judiciales que retrasaron las fechas efectivas. Honduras y Nicaragua quedaron fuera de la lista de países con designación activa desde antes. El patrón es consistente: lo que hasta 2025 era una protección humanitaria relativamente estable se convirtió, en el término de dos años, en una carrera contra el calendario país por país.
Conviene ser preciso sobre lo que significa —y lo que no significa— la pérdida del TPS. No es una orden de deportación automática. El USCIS lo ha repetido en sus propias comunicaciones oficiales: el TPS nunca fue una vía hacia la residencia permanente, sino una protección temporal contra la expulsión y una autorización de trabajo mientras las condiciones en el país de origen impedían un regreso seguro. Cuando el estatus termina y ningún fallo judicial lo bloquea, la persona pierde esa autorización de empleo en la fecha efectiva de terminación y queda sujeta a las mismas reglas migratorias que cualquier persona sin estatus legal. Algunas de esas personas pueden calificar para otras vías —ajuste por petición familiar, asilo, patrocinio de empleador— pero eso depende enteramente de la historia migratoria de cada caso individual.
El contexto de aplicación de la ley también cambió de escala. Según datos federales, los arrestos de ICE casi se triplicaron en 2026 respecto de 2024, de 111.000 a más de 321.000, mientras la capacidad de los centros de detención se expandió de 40.000 a más de 70.000 camas. No es un dato que explique por sí solo lo que pasa con el TPS, pero sí describe el entorno en el que esas decisiones sobre TPS se están aplicando en la práctica.
Para la comunidad salvadoreña en Estados Unidos, la fecha del 9 de septiembre dejó de ser una referencia administrativa lejana. Es la última pieza de un sistema de protección que, para la región, está terminando de desmontarse. Latam Hoy va a seguir esta cobertura con el mismo criterio con el que se sigue cualquier proceso de política pública: los hechos, las fechas confirmadas por el Departamento de Seguridad Nacional y el Registro Federal, y ningún atajo hacia el consejo legal individual, que le corresponde solamente a un abogado de inmigración con licencia.
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